Comisión revisora rechaza el libelo de la acusación constitucional contra ministro Ávila
Este martes, la comisión revisora de la Cámara de Diputados Y Diputadas de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por tres votos contra dos, luego que 10 diputados de la oposición acusaran al titular de dicha cartera de dejar de lado sus obligaciones con respecto a las urgencias educativas que se arrastran desde 2016 y centrarse en una agenda “con foco en la diversidad sexual”.
En ese sentido, los parlamentarios Tomás Hirsch (PAH), Héctor Ulloa (Ind.) y Juan Santana (PS) dio luz roja al libelo y Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillan (Ind.) se mostraron a favor de la iniciativa.
Votación de la acusación constitucional
En tanto, la acusación constitucional, que desde el oficialismo ha sido calificada como un documento totalmente homofóbico y basado en la orientación sexual del ministro de Educación, se votará por la sala de la Cámara este miércoles 12 de julio, luego que se de cuenta del informe que debe emanar de la comisión revisora.
El informe y la votación que se realice en la comisión durante este martes eso sí, no es vinculante, es decir, no condiciona lo que se vote en la sala por parte de los diputados, pero sí es un antecedente que tendrán a la vista los parlamentarios a la hora de votar a favor o en contra de la destitución del ministro Marco Antonio Ávila.
De aprobarse la acusación en la sala de la Cámara este miércoles, el ministro de Educación quedaría suspendido de su cargo, a la espera de la votación final de su destitución en el Senado, escenario que el oficialismo espera no tener que enfrentar.
Argumentos del libelo acusatorio
La acusación constitucional presentada contra el ministro Ávila está compuesta de siete capítulos, en los que se le acusa principalmente de priorizar una agenda con foco en la diversidad sexual, además de dejar de lado las necesidades y urgencias educativas que se arrastran desde la reforma de 2016. En ese sentido, se responsabiliza al secretario de Estado de vulnerar el derecho constitucional de los padres a decidir la educación de sus hijos.
